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EL ICA CONDENA A DESAPARECER LAS GALLINAS CAMPESINAS,
Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 2 de septiembre de 2008 el 04-09-2008, 22:43 (UTC)
 Resolución del ICA prohíbe la producción de gallinas campesinas. Sobre la caída de cianuro al río Magdalena

El senador Jorge Enrique Robledo explicó que el engorde y comercio de las gallinas campesinas han sido en la práctica prohibidos por el ICA y el Ministerio de Agricultura, a pesar de que de ello depende la vida de multitud de familias.

Siguiendo los estándares impuestos por la OMC, la Resolución 957 de 2008 del ICA impuso a todas las fincas del país que levanten gallinas para la venta contar con planta de procesamiento, agua potable, área para galpones, aireación, iluminación, cercas y otra serie de costosas exigencias que no están al alcance de los campesinos colombianos. El gobierno da un plazo de un año, contado a partir del 2 de abril, para que el productor acate la norma, día a partir del cual aplicará sanciones que van desde el decomiso de las aves hasta el cierre total de la finca. “En la pobreza rural de Colombia, muchos campesinos sobreviven por este negocio”, explicó Robledo.

La resolución del ICA es aún más lesiva que los decretos de la leche cruda, precisó el senador del Polo Democrático, pues afecta a casi todos los campesinos de Colombia, que desde tiempos inmemoriales acostumbran engordar gallinas para la venta, por lo común en pequeña escala.

“Que deben mejorar las condiciones sanitarias está fuera de discusión. El problema es el mismo de la leche cruda: ¿qué hacemos con la gente?”

La Comisión Quinta, por unanimidad, acordó citar al ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva, para que dé explicaciones sobre la norma cuestionada.

Negligencia en lo del cianuro

Al hacer referencia a la caída de 96 canecas de cianuro en el río Magdalena, Robledo señaló que “el Estado no tiene control de lo que se transporta por el río y por lo visto ni siquiera sabe qué es lo que está pasando”. Dijo que el hecho es supremamente grave y constituye otra muestra de la negligencia oficial. “No hubo catástrofe de milagro. Habrían podido morir de un tajo millares de personas”.

Llamó a que se conjure cuanto antes la amenaza que sigue gravitando sobre millones de habitantes de la ribera, puesto que aún no han sido recuperadas 26 canecas, y que se cuide en forma integral el Río de la Patria, pues “los ríos en Colombia no son noticia sino cuando hay inundaciones y se muere la gente”.

Robledo también llamó la atención acerca de a donde iba el cianuro, pues su uso en la minería del oro configura una grave amenaza.

El ACUERDO CAFETERO ES INSUFICIENTE Y ENGAÑOSO

Unidad Cafetera, Bogotá, septiembre 2 de 2008

A pesar del despliegue que se le quiere dar al anuncio de que “habrá 1,4 billones de pesos” para los caficultores en los próximos cuatro años, el contenido del Acuerdo entre el Gobierno y la Federación de Cafeteros evidencia que no consulta los intereses básicos ni las más sentidas necesidades de los 550.000 productores minifundistas.

Fijar como precio mínimo de compra la suma de $474.000 por carga, que apenas cubra los costos de producción, es privar, en particular a los cafeteros de menores recursos, de un mínimo margen de ganancia y de ahorro con lo cual no se permite ninguna recuperación de su poder adquisitivo – ya bastante mermado- y se coloca su subsistencia en grave riesgo. ¡Qué distinto es el trato que se da a otras ramas de la economía a las cuales se les garantiza hasta la tasa de usura!

Así mismo, el “Acuerdo” no dice nada sobre los 25.000 cafeteros que están a punto de perder sus predios por no poder pagar sus deudas con el programa PRAN CAFETERO ni tampoco sobre el control del precio de los insumos el que se ha constituido en la peor plaga que hoy ataca a la industria del café de Colombia.

Lo más grave es que el verdadero aporte del Gobierno es exiguo, en tanto el grueso de los recursos vendrá de la “contribución cafetera” que es un aporte parafiscal salido de los bolsillos de los propios cafeteros.

Para que estos puntos expuestos sean tenidos en cuenta, en los próximos días se le hará llegar al Presidente de las República una comunicación al respecto con el respaldo de 50.000 firmas de caficultores de todo el país.

Aurelio Suárez Montoya

Presidente

 

"SERÍA GRAVE QUE ESTO TERMINE EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL"
Entrevista de Cecilia González Villa, Diario del Huila, Neiva, agosto 29 de 2008 el 04-09-2008, 22:40 (UTC)
 Reconoce que la situación en el Congreso de la República no ha sido fácil dadas las preocupantes condiciones políticas actuales a las que se viene enfrentando la oposición. Sin embargo, el senador del Polo Democrático Jorge Robledo sostiene que no se puede dejar de trabajar ni un sólo momento. Ayer estuvo en Neiva, en recorrido académico en la Universidad Surcolombiana donde se analizó el proyecto de El Quimbo, luego se reunió con los jarreadores de leche, y terminó su visita en la Facultad de Salud donde analizó las consecuencias de la Ley 100.

En diálogo con DIARIO DEL HUILA, Robledo insistió en criticar fuertemente las recientes actitudes del presidente Álvaro Uribe, y advirtió que una intervención en Colombia de la Corte Penal Internacional, no dejaría al país muy bien parado ante la comunidad internacional.

¿Cómo analizar ese rifi-rafe entre las ramas del poder en Colombia?

Jorge Robledo: Tenemos un problema grave, y es que cada hecho de una u otra forma salpica o condena al Gobierno en cosas muy graves. Lo de la 'Casa de Nari' como la llama alias 'Job' es un hecho escandaloso y de una gravedad inaudita. De manera distinta pero igualmente grave es lo del hermano del ministro Valencia Cossio, que también salpica al Gobierno, es otra expresión más de lo que llamo el 'parauribismo'. Y la respuesta del Presidente en vez de ser respetuosa de la Corte Suprema de Justicia, de la ley, es la práctica de la cortina de humo que consiste en defenderse atacando y agrediendo a los demás, poniendo la discusión donde no es.

Pero también se ha devuelto a muchos años atrás…

Es increíble que un país que tiene los problemas de decencia, paramilitarismo y parapolítica, el Presidente los ponga a discutir sobre sucesos de hace veinte años. Es decir, la manipulación suprema de una persona que no respeta a la gente y que tiene una lógica de tirano.

Entre tantos argumentos del Presidente, ¿se le puede creer?

Es muy difícil creerle. Por ejemplo, un día sale y acusa al magistrado Iván Velásquez, de la mano con un alias 'Tasmania', monta toda una conspiración contra la Corte, sale la Fiscalía y dice que ese 'Tasmania' es un conspirador, un delincuente que quiere demeritar a la Corte, y el Presidente en lugar de respaldar a la Fiscalía sale a insultar al Fiscal porque denuncia a 'Tasmania'. Este es un país en un grado de deterioro moral terrible porque cuando el Fiscal cumple el Presidente lo insulta, y si la Corte lo hace, también la insulta. Pero en cambio la Casa de Nariño tiene las puertas abiertas para los emisarios de 'Don Berna'.

¿Es decir que cuando se trata de un delincuente que habla de él, es malo, pero cuando no, a ese sí le presta atención?

Eso es una cosa completamente inmoral. Ahora salió contra gobiernos liberales de hace diez años, y resulta a que a todos esos gobiernos a todos los apoyó él. Uribe fue del grupo de Ernesto Samper, toda la vida, entonces es una inmoralidad muy grande. Primero, defenderse de cosas de hoy hablando de cosas de hace veinte años, además crucificando a sus amigos. Eso es una truculencia amoral, supremamente grave.

¿Qué posición se va a tomar por parte del Congreso, frente a estos ataques continuos hacia las cortes?

En el Congreso hay varias posiciones. La posición del Polo y del Partido Liberal es de rechazo enfático a eso. Uno que siente en el uribismo: que hay algunos uribistas muy incómodos porque saben que se están tocando cosas demasiado graves, y otros uribistas con una alcahuetería, son igualitos al Presidente, y aplauden ese desastre. Pero yo sé que la gente de bien de este país, la gente informada, que entiende, sabe que lo que está haciendo el presidente Uribe es un atropello a la Constitución y a la ley, a las buenas costumbres y a la decencia. Estoy seguro de que Uribe no va a terminar bien, porque una persona que actúa con esa inmoralidad no puede terminar bien.

¿Podríamos decir que Uribe está actuando con tintes de dictadura, más ahora que se habla de una segunda reelección?

Sí, es una lógica de tiranía, diría yo, que finalmente es sinónimo de dictadura. Es que quién es un tirano o un dictador, aquel que convierte su poder en uno omnímodo que aplasta a los demás poderes. Es claro que Uribe desde hace mucho rato tiene sometido mediante clientelismo al legislativo, y está dedicado a someter al judicial, eso lo convierte automáticamente en un tirano que es lo que él quisiera ser, que no es con una causa noble, sino con la causa de la protección de los parapolíticos que son casi todos uribistas. Es que lo más dramático de todo es que son atropellos inauditos del Presidente, ni siquiera en nombre de una causa justa sino en la defensa de los 'parauribistas'.

¿Qué opina de la visita de la Corte Penal Internacional?

Esa es la prueba de lo grave que está sucediendo. ¿A dónde va la Corte Penal Internacional? A países donde suceden dos cosas: primero que haya delitos de lesa humanidad, y segundo, que la justicia no actúe bien, o porque no quiere, o no puede. Este es el caso de una justicia donde el presidente Uribe no está dejando actuar, pero quiero llamar la atención sobre esto, sería muy grave que el proceso de violencia de Colombia terminara en manos de la Corte Penal Internacional porque eso podría generar un enredo de tal tamaño, que se nos volvería un nudo imposible de resolver, y que nos dejará en una violencia más o menos eterna.

¿Le ve cara a una segunda reelección de Uribe?

Si se empecina…Ahora, aprobarla en el Congreso tiene con qué, y de sobra, porque los votos que no obtenga los consigue con la lógica de la 'Yidispolítica'. Ya si gana o no el referendo, pues será una lucha política grande, y si gana o no, la Presidencia, también está por verse. Pero lo cierto es que un jefe de Estado tan inescrupuloso como Uribe es por definición una persona que tiene fuerza. Uribe tiene asustado a medio país, amedrentado con esa lógica agresiva porque su lógica es amedrentar al país a punta de miedo. Hay gente que le da miedo criticar al Presidente.

¿Y qué de las reformas que quiere hacerle a la justicia y la política?

La reforma a la justicia hasta donde yo entiendo, se limita a golpear a la Corte Suprema de Justicia para poder soltar a los parauribistas, eso es claro, lo demás son cuentos. Y en la reforma política es evidente que ahí no hay nada contra la parapolítica, que sería el punto principal. Por el contrario, por ejemplo si hay una cosa está manifiesta, y es que quiere debilitar la circunscripción nacional en el Senado, y eso es fortalecer el clientelismo y la corrupción electoral

¿Qué puede pasar ahora que los liberales han anunciado que no le jalan a esos dos proyectos?

Creo que el Polo debe asumir una posición como esa. Tenemos que negarnos a tramitar cualquier cosa con ese ministro (Fabio Valencia Cossio) que está ética y moralmente impedido. Ya fue cogido con las manos en la masa intrigando a favor de su hermano, presionando al Fiscal, y su hermano aparece gravemente comprometido en cosas criminales de extrema gravedad. Ese ministro nos avergüenza ante el mundo, y que el Presidente no nos trate como bobos, diciendo que Valencia Cossio es el único que puede administrar eso, porque si el Partido Conservador no tiene otra persona para poner ahí, pues que cierren el chuzo. En cualquier país civilizado él ya debería haber renunciado, pero en este ambiente de corrupción y de alcahuetería, ahí sigue, pero lo vamos a terminar tumbando.

 

ECOPETROL EN CARIMAGUA ES EL MISMO PERRO CON DISTINTO LAZO, DICE ROBLEDO
Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 7 de julio de 2008 el 04-09-2008, 20:44 (UTC)
 Que los desplazados solo puedan ser peones o aparceros. El campesinado produce el 69% del valor de la producción agraria. Casi se doblaron importaciones agrarias. Perdida la seguridad alimentaria y sólo insisten en agrocombustibles. Irresponsabilidad evidente. Debate en la Comisión Quinta. Propuesta es tan ilegal como la que denunció la Procuraduría.

Al referirse al plan de Andrés Felipe Arias de poner bajo el control de Ecopetrol las tierras de Carimagua, en un proyecto donde los campesinos desplazados podrían terminar “como socios o como trabajadores” (Semana, Jul.05.08) y en el que, según Arias, en el mediano plazo, “las familias desplazadas podrían tener la posibilidad de tener en Carimagua algún tipo de vivienda y tierra para cultivos de pancoger” (Caracol, Jul.06.08), el senador Jorge Enrique Robledo señaló: “Es el mismo perro con distinto lazo; es el mismo proyecto plutocrático de siempre, solo que con otra envoltura. Es otra versión del modelo malayo, que en últimas consiste en que los pobres del campo a lo máximo a lo que pueden aspirar es a ser peones o aparceros de algún patrón”.

Todas las maniobras de Arias contra el campesinado –porque es a quien representan los desplazados en Carimagua y porque el ministro dice que el proyecto se debe “replicar en el país” (Caracol, Jul.06.08)– parten de la falsedad de insinuar que los campesinos son incapaces de poner a producir el campo, dijo Robledo. Explicó que el 69% del valor de la producción agraria nacional es de origen campesino. “Y eso sin el respaldo oficial. Qué tal que Arias los respaldara”, agregó.

Jorge Enrique Robledo también cuestionó que se quiera destinar a Carimagua a la producción de agrocombustibles, cuando Colombia perdió su seguridad alimentaria porque se está importando, y a altos precios, una parte fundamental de la dieta básica de los colombianos. Las importaciones agrícolas aumentaron de 4.397.021 a 8.053.396 toneladas entre 2002 y 2007.

El senador de la Comisión Quinta del Senado también recordó que en el primer proyecto oficial en esas tierras se podían cultivar muchas cosas; en el segundo, cuando el debate en el Senado, solo palma africana, caucho y maderables; en el tercero, anunciado en El Tiempo del 16 de mayo pasado, se cultivarían, además, marañón, cítricos, mango, soya, maíz, arroz y pastos, al igual que habría producción ganadera, porcina y avícola; y ahora, en el cuarto, la panacea son la caña de azúcar y el sorgo dulce, nunca antes mencionados. La irresponsabilidad salta a la vista.

El senador Robledo citará a Andrés Felipe Arias a la Comisión Quinta del Senado para que explique por qué tanta irresponsabilidad y por qué tanta repulsa a darles tierra a los campesinos. Y afirmó que en la nueva idea aparecen las mismas ilegalidades que la Procuraduría denunció en el primer proyecto.

 

LA DESOBEDIENCIA CIVIL DE LOS LECHEROS
Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, 15 de julio de 2008 el 04-09-2008, 20:40 (UTC)
 A la demostración de 15.000 lecheros que el 9 de julio pasado en Bogotá, Montería, Popayán, Pereira, Mariquita, Neiva, Florencia, La Dorada, Ocaña, Chiquinquirá y Tunja, entre varias ciudades, protestaron en contra de los decretos 616 y 2838 de 2006, expedidos por el Gobierno Nacional, por los cuales se impone a partir del 24 de agosto de 2008 la leche industrializada como única forma de consumo de este alimento, le cae como anillo al dedo una de las más importantes consideraciones de Henry David Thoreau, el padre de la Desobediencia Civil.

“Existen leyes injustas: ¿debemos estar contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas, y obedecerlas hasta cuando lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde el principio? Las personas, bajo un gobierno como el actual, creen por lo general que deben esperar hasta haber convencido a la mayoría para cambiarlas. Creen que si oponen resistencia, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero es culpa del gobierno que el remedio sea peor que la enfermedad. Es él quien lo hace peor”.

¿Es justa la resistencia de los lecheros? Se esgrime la insalubridad de la leche cruda para justificar las medidas oficiales. Como sucede con casi todo en los últimos tiempos, se manipula la opinión pública para ganar su favor. Se quiere hacer creer que se protege el consumo de leche cruda como tal. No. Lo que se defiende es que se permita su comercio para ser hervida, un patrón de consumo, arraigado en especial en los sectores populares; que es más económica que cualquier otra presentación y que involucra, como “cadena láctea popular” a decenas de miles de pequeños ganaderos, a más de 20.000 comercializadores, a innumerables industrias caseras de derivados lácteos y a millones de consumidores.

En la campaña de desinformación contra los lecheros se omite que la Organización Mundial de la Salud-OMS-, cuando habla de leche no cruda, coloca en el mismo plano a la leche hervida con la pasteurizada y, es más, la OMS realiza campañas en el mundo entero donde promueve hervir la leche para hacerla alimento seguro. Pero no sólo los decretos excluyen esta categorización sino que, además, imponen verdaderas quimeras para hacerse efectivos. Por ejemplo, se exige el registro ante el ICA de los predios que suministren leche. ¿Será esto viable en el Caquetá donde hay un millón doscientas mil reses y sólo un técnico pecuario del ICA? ¿O en Boyacá donde para ochocientas cincuenta mil reses apenas existen veinte? Así mismo, se exige a los pequeños hatos tener agua potable o “agua de fácil potabilización (sic)”, cuando es sabido que en el 90% de las áreas rurales de Colombia falta agua apta para el consumo humano. Los decretos prescriben que los conductores de vehículos de comercialización tengan “buenas práctica higiénicas”, ¿quién y cómo puede corroborarlo? Lo mismo sucede cuando se “ordena a las vacas” producir leche con al menos 2,9% de proteína.

Igual pasa con los planes de “reconversión”. ¿Se pretende que “esta cadena láctea popular” se torne en empresa de pasteurización? Si bien algunas informaciones hablan que en ese sentido se han inscrito ante las autoridades más de 2.500 propuestas, también vale difundir que, como en Cundinamarca luego de dos años, de 830 solicitudes ninguna fue atendida por el sector bancario ante la vulnerabilidad financiera de los solicitantes, no han podido concretarse.

La salubridad de los colombianos no puede descansar en las “buenas prácticas” de los particulares por poderosos o débiles que sean. La presencia institucional del Estado es indispensable no sólo en la vigilancia, sino también, en el acompañamiento y éste no se hace sólo a punta de decretos. Se enfrentan, de nuevo, dos formas de gobernar que es lo que se viene discutiendo en Colombia en los últimos veinte años. Una, que descarga en el Estado el bienestar general, y, la otra, que limita la acción estatal al menudo papel de regulador de la iniciativa privada y que hace de esa regulación un instrumento excluyente de quienes no pueden cumplirla o que de hacerlo quedan expuestos a ser vapuleados por grandes poderes.

Los lecheros no darán su brazo a torcer fácilmente. Son conscientes de la arbitrariedad que hay en la índole de estos decretos y saben que hay una batalla por librar, sobre todo en términos de la verdadera verdad acerca de los motivos de su movilización. Por ello han emprendido la tarea de organizar para el 19 de agosto próximo una gran Marcha Nacional en Bogotá. Continuarán el pulso para difundir sus razones; entre otras, para confrontar las falsas informaciones con las cuales el gobierno en forma amañada pretende imponer las suyas, incluso influyendo con ellas sobre los editoriales de la gran prensa.
 

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