Se deterioran las relaciones entre el Presidente Uribe y las ONG colombianas
Por: Pastoral Social - Cáritas Panamá - Boletín Incidencia y Compromiso
Fecha: Septiembre 26 de 2003
El 9 de septiembre, ochenta organizaciones de derechos humanos en Colombia publicaron un libro sobre el desempeño del gobierno de Uribe. Las respuestas directas del presidente ante dicha publicación pusieron de manifiesto las ya tensas relaciones entre su gobierno y las ONG, provocando
aún mayor tensión. Sin embargo, la expresión pública de los puntos de vista de las ONG y del Estado podría traer oportunidades dado que el debate
ha despertado la atención internacional que, de aprovecharse, podría usarse para establecer un espacio para el diálogo y para las reflexiones
internas de ambas partes. A continuación se resume la semana de acusaciones y contra acusaciones, y las diferentes evaluaciones de los actores externos preocupados por la situación.
Una breve mirada al contenido del estudio de las ONG
El 9 de septiembre, ochenta de las ONG con mayor influencia en Colombia, presentaron un libro escrito en conjunto y titulado: El embrujo autoritario: primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Este informe es una detallada y muy crítica evaluación de las políticas y el desempeño del
presidente Uribe en las áreas de las reformas al Estado, la justicia, la economía política, la educación la salud, el empleo, la vivienda, la seguridad alimentaria, las políticas agrarias, los derechos civiles y políticos, el desplazamiento, los sindicatos, la libertad de expresión y los temas de género.
La larga lista de afirmaciones en contra de las medidas de Uribe incluyen las siguientes:
Las fuerzas armadas colombianas están haciendo uso excesivo de la fuerza y poniendo en riesgo vidas civiles.
Las medidas gubernamentales ignoran la difícil situación de miles de personas desplazadas por el conflicto. Sólo el 10% de las casi tres millones de
personas desplazadas internas reciben ayuda humanitaria impulsada por el Estado.
La explicación del gobierno de que la campaña militar está diseñada para fortalecer la democracia es una manera de disfrazar la represión y la
militarización de la sociedad.
En un capítulo sobre el movimiento laboral, el libro reconoce que el número de asesinatos, desapariciones y secuestro de activistas sindicales ha bajado, pero afirma que se han incrementado las detenciones, las amenazas de muerte y los allanamientos sin una orden judicial.
Las medidas de seguridad no están funcionando. Entre julio del 2002 y julio del 2003, por lo menos 7,000 colombianos murieron en asesinatos por motivos políticos -dos veces la cifra reportada cinco años atrás.
La creación de redes de informantes y de soldados campesinos expone aún más a la población civil a las amenazas y a los actos de violencia.
Entre los ochenta contribuyentes del libro están las organizaciones de derechos humanos más respetadas del país, incluidas las contrapartes de PCS: La Comisión Colombiana de Juristas, la Consultoría en Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes), Minga y el jesuita Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Airada respuesta de Uribe a las aseveraciones de las ONG
Un día después de que se lanzara el libro, el presidente Uribe aprovechó la oportunidad para arremeter en contra de las ONG, en un discurso
pronunciado durante una ceremonia militar. Se refirió a las ONG con dureza y acusó a algunos de los autores del libro -sin nombrarlos- de actuar "al
servicio del terrorismo." En el discurso de 25 minutos que se transmitió para la televisión nacional, el presidente utilizó 59 veces las palabras
"terrorismo," "terrorista" o "terroristas", en general para describir a los grupos guerrilleros colombianos y sus tácticas pero, en ocasiones, en
referencia a las ONG colombianas. A los paramilitares, acusados ampliamente de ser los autores de la mayoría de las atrocidades de la guerra, les llamó "grupos de justicia privados."
En su alocución, Uribe dividió a las ONG en tres categorías básicas: (1) las ONG teóricos, que él dice respetar pero con los que en gran parte no
concuerda; (2) 'organizaciones serias de derechos humanos', con las que el está dispuesto a dialogar; y (3) 'organizaciones politiqueras que están
al servicio del terrorismo y que esconden sus ideas políticas detrás del discurso de los derechos humanos'. Él afirma que con sus continuas
acusaciones, éstas últimas están tratando de poner en peligro 'su plan de seguridad democrática'.
Uribe también se refirió a la reunión celebrada en Londres en Julio del 2003, a la que se invitó a las ONG colombianas para que presentaran sus opiniones sobre la situación socioeconómica y política, así como sus necesidades. "Ya intentaron engañar a la opinión internacional unos meses atrás en Londres para detener la ayuda hacia Colombia, declaró Uribe, minando de esta manera la credibilidad de la presencia a gran escala de las ONG en dicha reunión en el Reino Unido."
En un segundo discurso pronunciado tres días después -el 11 de septiembre- tras un ataque de las FARC en Chita, Boyacá, donde resultaron ocho
civiles muertos y veinte heridos, Uribe reiteró su crítica al mismo tiempo que cuestionó la ausencia física de las ONG tras el ataque y la ausencia de
una condena, insinuando que la comunidad de las ONG no presta atención a las violaciones a los derechos humanos que comete el movimiento guerrillero.
En su discurso también hizo alusión a "los patrocinadores de aquellos que defienden a los terroristas… quienes saben sobre Colombia a través de la información distorsionada que brindan los terroristas," lo que puede percibirse como referencia a las ONG internacionales que apoyan a las
organizaciones nacionales y de base en Colombia.
Aunque el presidente Uribe presentó posteriormente sus disculpas por el tono que usó en sus declaraciones, confirmó que se mantenía firme en
cuanto a su contenido.
Tras las observaciones de Uribe, la ministra de defensa Marta Lucía Ramírez anunció en Washington el 11 de septiembre, que el gobierno de Colombia estaba iniciando un "análisis de las actividades" de los 1,300 organismos no gubernamentales registrados, alegando que a algunas de las agrupaciones "se les está utilizando para atacar al gobierno." Sus comentarios pueden considerarse dentro de la línea de las recientes tendencias a perseguir legalmente a las ONG. El mes pasado, la fiscalía entabló una demanda en contra de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, en la que acusa a algunos de sus miembros de trabajar en alianza con los rebeldes izquierdistas de las FARC. Esta demanda la anunció en un primer momento el Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, General Jorge Enrique Mora Rangel, quien también hizo acusaciones similares contra las comunidades campesinas desplazadas que actualmente intentan retornar a sus tierras en el área del río Cacarica, en el departamento de el
Chocó.
Informe del 2003 del PNUD: 'El conflicto callejón con salida'
Para consternación de algunas personas, las tensiones provocadas por la publicación del libro de las ONG y la postura crítica de Uribe contra los
autores, coincidieron con la presentación del ya esperado informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado "El conflicto
callejón con salida" (11/9). Este primer informe del PNUD sobre Colombia es un intento por brindar un estudio integral y complejo de las causas y
consecuencias del conflicto de Colombia así como una serie de sugerencias para la solución del mismo. Aunque el informe se presentó en diez ciudades de Colombia, el presidente Uribe optó por no asistir a ninguno de los eventos.
El informe plantea que para alcanzar la paz, el Estado debe volver a evaluar sus actuales políticas que buscan la guerra: Estas incluyen:
La Guerra contra las drogas: Las fumigaciones solo están alimentando el conflicto social y violento. El informe surgiere que se pongan fin a las
fumigaciones aéreas y que, en su lugar, el Gobierno se centre en tomar medidas enérgicas en contra de las redes del narcotráfico.
Reformas agrarias: Las reformas existentes contribuyen a la perpetuación de la pobreza rural. El informe sugiere que las reformas constituyan
soluciones integrales que pongan énfasis en la distribución equitativa de la tierra y en medidas dirigidas a promover la economía campesina.
Reformas políticas: Sugiere que se otorgue poder político a las regiones y hace un llamado por un posible estado federalista colombiano.
Incentivos reales para los grupos armados irregulares: el Estado debe ofrecer incentives reales para que se desarme la guerrilla y los paramilitares.
El gobierno de Uribe no comparte el análisis y teorías del informe. En primer lugar, Uribe niega la existencia de un conflicto, y se refiere a la
perpetuación de la violencia como "actividades terroristas". Tampoco concuerda con el análisis del informe de que todos los actores, incluido el
Estado, son perdedores en esta guerra, y argumenta que según sus estadísticas, el Estado está ganando.
Respuestas a favor y en contra de las declaraciones de Uribe -el debate sube de tono
Gran parte de la comunidad internacional condenó las referencias del presidente Uribe a la comunidad de las ONG, tildándolas de intolerantes hacia la oposición y de poner en peligro las vidas de los activistas de derechos humanos.
Las Naciones Unidas se refirió a los grupos que atacó Uribe como "requisitos inalterables para el funcionamiento eficaz de la democracia, la
construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos."
En un comunicado de prensa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (17/9), se subraya que "la relación entre el
Estado y los defensores de las derechos humanos debe proceder de manera pacífica y respetuosa, para permitir un diálogo permanente." En el
comunicado de prensa también se recuerdan las promesas de seguir dialogando, que se hicieron en ocasión de la reunión entre funcionarios de
Gobierno y representantes de las ONG, celebrada el 11 de junio.
Durante el seminario "Colombia insiste en los derechos humanos" que tuvo lugar el 15 de septiembre," el director del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michael Fruehling aprovechó la oportunidad para decir que, hasta la fecha, hay pocos indicios de que
el Gobierno esté implementando las 27 recomendaciones formuladas en abril del 2003: "Hasta la fecha, el Estado colombiano no se ha mostrado tan
rápido y expedito como se deseaba y esperaba. En lo que respecta a la mayoría de las recomendaciones, no se ha registrado ningún evento concreto significativo que permita considerar que se han implementado de manera satisfactoria."
Los representantes de la Unión Europea (UE) manifestaron sentirse "preocupados" por las posibles "consecuencias trágicas" de las acusaciones del presidente Uribe contra las ONG. En una declaración pública, la delegación de la UE en Colombia reiteró su apoyo al sólido compromiso de las
agrupaciones de la sociedad civil y de los países europeos hacia las organizaciones colombianas que defienden los derechos humanos.
Tal vez las críticas más duras al presidente de Colombia fueron las de los representantes ante el congreso de Estados Unidos y las de los organismos no gubernamentales. "El estridente ataque del Sr. Uribe ha puesto en riesgo las vidas de todos los defensores de los derechos humanos en Colombia," dijo Kimberly Stanton, subdirectora de la Washington Office on Latin America (WOLA). "El Gobierno colombiano parece incapaz de comprender que el disenso es esencial para la democracia. Las declaraciones del presidente sólo harán que se profundice la preocupación sobre su compromiso con los derechos humanos. Nadie debe esperar que del periodo de Gobierno de Uribe salga fortalecida la democracia."
El congresista estadounidense Jim McGovern tildó las observaciones de Uribe de "incendiarias y peligrosas," y las que, en la opinión de los propios
ONG, "han incrementado la represión contra la población civil."
Por otra parte, en las reuniones celebradas con las ONG internacionales, incluido PCS, el enviado por la paz de Naciones Unidas, James LeMoyne y el cuerpo diplomático dejaron bien claro que una serie de embajadas presentes en Colombia, aunque no aprueban las declaraciones de Uribe en su totalidad, si compartían una preocupación sobre la imparcialidad del sector de las ONG. Algunas embajadas han criticado la tendencia de las ONG a distorsionar las cifras que sirven sus propósitos y su enfoque en las violaciones a los derechos humanos cometidas por paramilitares y actores estatales, al mismo tiempo que evitan destacar y condenar aquellas que son autoría del movimiento guerrillero.
La reciente declaración del Embajador Británico en Colombia, Tom Duggin, parece reflejar esta visión. En una declaración para la televisión colombiana (13/9), Duggin alegaba que "algunas ONG internacionales tienen vínculos informativos con los sitios que tienen los grupos armados en Internet." Asimismo, enfatizó que algunas ONG pueden haber "malinterpretado" las palabras de Uribe. Sin embargo, en un comunicado de prensa emitido el 24 de septiembre en Nueva York, el Ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Bill Rammel, de cierta manera revirtió esta declaración al reafirmar el apoyo del gobierno del Reino Unido a las ONG en Colombia.
Observaciones finales
Son pocos los que han planteado que las ONG no tienen ninguna responsabilidad por el deterioro de las relaciones entre estos organismos y el Gobierno. En un artículo publicado la semana pasada, el académico Eduardo Pizarro sugirió que informes osados y críticos como el libro preparado por ochenta ONG y presentado la semana anterior, podrían contribuir a deslegitimar la democracia y a polarizar la política en Colombia. Pizarro plantea que los grupos que trabajan en defensa de los derechos humanos han asumido un discurso radical que consiste en frecuentes condenas al Estado, denuncias y confrontaciones abiertas con las autoridades estatales. Al argumentar que tanto el Estado como las ONG son culpables por el deterioro de las relaciones, Pizarro sugiere que las ONG vuelvan a evaluar sus discursos políticos.
Human Rights Watch (HRW), por su parte, subrayó que es preciso trabajar con las ONG en la construcción y presentación de las estadísticas.
Aunque el libro publicado por estos organismos plantea algunas críticas válidas, se está cuestionando la manera como se presentan allí las
estadísticas. De hecho, a menudo las cifras pueden verse como si se hubieran seleccionado de manera estratégica para ponerlas al servicio de la
crítica, destacando algunas de ellas y omitiendo otras. El informe carece de un análisis riguroso del desempeño del Estado y concluye con una larga
lista de declaraciones críticas en contra de las políticas del Estado.
Esta controversia entre el Gobierno y las ONG, que durante una semana se exhibió en la prensa nacional e internacional, demuestra cómo los discursos radicales están desalentando el diálogo y cómo la oposición los descarta con facilidad.
Consejería en Proyectos (PCS) es un consorcio internacional de agencias europeas y canadienses de cooperación creado en 1979 y conformado por
el Consejo Danés para los Refugiados (DRC), el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), la Ayuda de las Iglesias Evangélicas de Suiza (HEKS),
Acción Conjunta de las Iglesias de Holanda - ACT/NL y la agencia canadiense Inter Pares (IP).
PCS trabaja con contrapartes locales y con organizaciones de base y de las Iglesias; así mismo, con la participación de la población afectada por
los conflictos, y de sus organizaciones y movimientos sociales.
El trabajo se ha asumido en tres direcciones: asistencia humanitaria y protección a las poblaciones afectadas por los conflictos internos; desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de las personas, las ONG locales, las instancias de las iglesias y las organizaciones populares orientadas al
logro de soluciones duraderas a los problemas inherentes a los procesos de resolución del conflicto; incidencia en las políticas nacionales e
internacionales concernientes al tratamiento de las poblaciones afectadas por los conflictos.
En Colombia, PCS trabaja en las siguientes sub-regiones: Uraba-Atrato (Bajo Atrato, Uraba Antioqueño, Medio Atrato), Nororiente (Catatumbo y
Magdalena Medio), Bogota y fronteras (con Venezuela, Ecuador y Panamá).
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Consejería en Proyectos (PCS) es un consorcio internacional de agencias europeas y canadienses de cooperación creado en 1979 y conformado por el Consejo Danés para los Refugiados (DRC), el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), la Ayuda de las Iglesias Evangélicas de Suiza (HEKS), Acción Conjunta de las Iglesias de Holanda - ACT/NL y
la agencia canadiense Inter Pares (IP).
PCS trabaja con contrapartes locales y con organizaciones de base y de las Iglesias; así mismo, con la participación de la población afectada por los conflictos, y de sus organizaciones y movimientos sociales.
El trabajo se ha asumido en tres direcciones: asistencia humanitaria y protección a las poblaciones afectadas por los conflictos internos; desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de las personas, las ONG locales, las instancias de las iglesias y las organizaciones populares orientadas al logro de soluciones duraderas a los problemas
inherentes a los procesos de resolución del conflicto; incidencia en las políticas nacionales e internacionales concernientes al tratamiento de las poblaciones afectadas por los conflictos.
En Colombia, PCS trabaja en las siguientes sub-regiones: Uraba-Atrato (Bajo Atrato, Uraba Antioqueño, Medio Atrato), Nororiente (Catatumbo y Magdalena Medio), Bogota y fronteras (con Venezuela, Ecuador y Panamá).
